Con el fin de generar alternativas para enfrentar el problema de déficit de infraestructura que existe en Costa Rica y canalizar la inversión en este tipo de obras, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma parcial a la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.

La ley pretende agilizar los contratos para las obras de infraestructura, además de generar mayor atracción de inversionistas y la administración de servicios públicos estratégicos que el Estado considere conveniente conceder.

Esta reforma autoriza al Consejo Nacional de Concesiones a constituir y utilizar fideicomisos para garantizar el correcto uso de los fondos que aporten los organismos financieros para los proyectos  bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

 Además, cuando las empresas requieran de financiamiento, podrán garantizarlo mediante una prenda especial a favor del acreedor, caso en el que también se requiere autorización previa de la Contraloría.

La intención es que en un futuro, Costa Rica pueda contar con infraestructura moderna mediante proyectos dados en concesión de forma pronta y segura.